El CERMI considera que las regulaciones que recoge el anteproyecto de ley son “insuficientes”, y recuerda que ya existen normas de aplicación directa en materia de discapacidad, tanto en el ámbito nacional, como de la Unión Europea, que exigen una respuesta más adecuada en esta legislación sectorial. 

 

Así, solicita que las disposiciones referentes a la adaptación y condiciones de accesibilidad del entorno en que se presta o ejercita la profesión que recoge el anteproyecto de Ley, no se refieran sólo a las personas que realizan su actividad por cuenta ajena, tal y como se presenta en el actual texto legal, sino que también incluya a las que la ejerzan de forma autónoma, ya sea como persona física, o bajo forma societaria, tal y como ya dicta la Directiva 2000/78/CE del Consejo de la Unión Europea.

 

Además, propone que en el apartado referido a los poderes públicos y a su obligación de velar por que en el ámbito de los servicios profesionales se provea una especial protección a los consumidores y usuarios, en atención a la incidencia que puedan tener estos servicios en sus derechos, y, porque se cumplan las obligaciones de los profesionales recogidas en esta Ley, se especifique que dentro de estas obligaciones se incluyen “las relativas a la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad".

 

Asimismo, reclama la inclusión de un párrafo que defina quienes son las personas con discapacidad, y de otro que establezca que “en ningún caso se pueden establecer o aplicar condiciones o restricciones de cualquier tipo en el acceso o ejercicio de las actividades profesionales o profesiones, por motivo o razón de discapacidad o enfermedad”.

 

También, pide que dentro del apartado relativo al principio de “Igualdad de trato y no discriminación” se aclare que éste no debe impedir que se mantengan o adopten medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas por motivo o razón de discapacidad; y que en la actividad o ejercicio profesional, los profesionales “deben adoptar  las medidas adecuadas de adaptación dirigidas a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para aquellos”.

 

Además, entiende que en el apartado relativo a la “Creación de Colegio profesionales” debe también de especificarse que en la ley de creación de la corporación colegial, que establecerá los requisitos de colegiación y la denominación del Colegio profesional, “no podrá establecerse o aplicarse en la práctica, condiciones o restricciones de cualquier tipo en el acceso o participación por motivo o razón de discapacidad o enfermedad”.

 

Por último el CERMI solicita que dentro de artículo que recoge las funciones de los Colegio Profesionales, se incluya la de "incorporar en sus estatutos o reglamentos de funcionamiento medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad, tanto profesionales del colegio como personas que pueden requerir sus servicios del mismo".